Mérida, Yucatán – Mientras desde la Ciudad de México el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, revela la magnitud del fraude inmobiliario que por años corrompió al Instituto, en Yucatán, el delegado Mauricio Sahuí Rivero parece decidido a perpetuar esos mismos esquemas, protegiendo a desarrolladores, empresas financieras y operadores corruptos que siguen beneficiándose del patrimonio de miles de trabajadores.

En entrevista con Los Periodistas, Romero Oropeza detalló cómo antes de la reforma institucional, una misma vivienda podía venderse hasta 50 veces, gracias a la complicidad entre coyotes, notarios, valuadores y funcionarios del Infonavit. Este esquema —explicó— operó en todos los estados del país, generando un daño masivo y sistemático a los derechohabientes. “Es un fraude en cadena que sigue activo”, reconoció, y anunció que el Instituto ya alista denuncias penales contra los responsables.

Yucatán, el pozo sin fondo del Infonavit

A pesar del discurso de renovación desde las oficinas centrales, en Yucatán, el modelo fraudulento no solo persiste: se fortalece. Mauricio Sahuí Rivero, delegado estatal, ha sido señalado por encubrimiento, negligencia y corrupción sistemática. Bajo su gestión, empresas como Yavo Capital y la Sofom Solimex operan con total impunidad, mientras cientos de familias en municipios como Umán, Kanasín, Hunucmá y Ticul lidian con créditos fantasmas, viviendas defectuosas o promesas incumplidas.

Lejos de enfrentar a los responsables, Sahuí ha optado por negociar en privado con empresarios y promover un nuevo programa de vivienda que, lejos de reparar el daño, beneficiará a un círculo cerrado de desarrolladores cercanos al poder.

Los cómplices: Humberto Ríos Covián y la red de intereses cruzados

En este esquema destaca el nombre de Humberto Ríos Covián, gerente técnico del Infonavit en Yucatán. Según testimonios internos, Ríos actúa como escudo de empresarios como Raúl Abraham Barceló y Víctor Hugo Rosales Aranda, y además mantiene vínculos con unidades de verificación y valuación en las que tiene intereses familiares directos. Este conflicto de interés le permite autorizar proyectos, avalar precios y proteger fraudes sin rendir cuentas.

Romero Oropeza advirtió que el Infonavit fue históricamente gobernado por intereses cruzados entre sectores empresariales y sindicales, blindados contra la auditoría gubernamental. Ese viejo régimen no ha terminado: en Yucatán, se adapta, muta y sobrevive con la complicidad de actores como Sahuí.

Impunidad con nombre y apellido

A pesar de las denuncias nacionales, en Yucatán no hay una sola sanción, ningún funcionario separado del cargo, ninguna empresa inhabilitada. Los afectados siguen esperando justicia. El Infonavit, que debería garantizar vivienda digna, hoy es en el estado un instrumento para enriquecer a una élite empresarial con protección institucional.

¿Reforma real o simulación regional?

Si el director nacional del Infonavit habla de limpiar la institución, ¿por qué no se investiga a fondo a los delegados estatales como Mauricio Sahuí? ¿Por qué las redes locales de corrupción siguen intactas? ¿Y por qué Humberto Ríos Covián mantiene su poder, a pesar de las denuncias documentadas?

La ciudadanía exige más que discursos. Se necesita acción inmediata, auditorías públicas y sanciones ejemplares. Porque mientras en la capital se presume la limpieza del Infonavit, en Yucatán los fraudes se siguen firmando con tinta fresca.